PROBLEMA EN HERENCIAS Y PROINDIVISOS. La necesidad de la subasta en la división de la cosa común.

Muchas veces nos encontramos cuando en una herencia hay un único bien y varios herederos, que alguno se opone a lo que parece razonable, esto es la venta del bien a fin de poder repartir la herencia.

Ante esto caben básicamente dos posturas una pasa por aguantar la imposición de uno de los copropietarios herederos, haciendo frente a los gastos que provoca el mantenimiento del bien, y a su evidente depreciación o perdida de valor por el paso de los años, ya que lejos quedan esos tiempos en los que se nos decía que los inmuebles no bajan de precio. Una segunda postura y es a la que nos vamos a referir pasa por la solución, muchas veces traumática de judicializar la herencia, decimos traumática pues debes pleitear contra tu propia familia, lo que siempre provoca daños afectivo-emocionales, que uno debe valorar y de hecho se valora.

En este caso, además hay que añadir el coste de la acción judicial, que minorará la parte de herencia que al final nos quede, además de la minoración que ya hemos sufrido por la Hacienda. Tras el procedimiento correspondiente de jurisdicción voluntaria, está la ejecución de la sentencia que es el medio de vender el bien que se posee en pro indiviso. Como es este proceso.

  El Tribunal Supremo en Sentencia de 19 de octubre de 2.012 resuelve de la siguiente manera:

En la adjudicación de la cosa común prevalece el acuerdo de los partícipes;

Cuando no es posible el acuerdo, si tal acuerdo no existe, se impone -en caso de indivisibilidad- la venta en pública subasta “con admisión de licitadores extraños” esto es que no sean los herederos.

Esto no impide a cada uno de los partícipes o copropietarios/herederos pujar para la adjudicación del bien individualmente o agrupados entre alguno de ellos.

El adjudicatario de la subasta obtendrá la plena propiedad mediante el pago a los participes si es un extraño, o al resto de partícipes(coherederos o copropietarios) si es uno de ellos, la parte proporcional que les corresponda en el precio de adjudicación.

 La ley que regula este procedimiento y la subasta(Ley de Enjuiciamiento civil) otorga en este caso para la subasta o ejecución de la división de la cosa común, basada en el principio de que a nadie se le puede obligar a permanecer en una comunidad de un bien o bienes. La peculiaridad que la división presenta, consiste en que con independencia de quién haya promovido el procedimiento de ejecución, cualquiera de las partes, podrá ocupar, indistintamente, la posición de ejecutante/ejecutado o de acreedor/deudor y ambos comuneros, como consecuencia de esa doble cualidad de ejecutantes y ejecutados, acreedores y deudores, podrán pujar o mejorar posturas y ejercer todas y cada una de las facultades que les otorga la ley ( en concreto los arts. 670 y 671 LEC). 

Una cosa muy importante es que los coherederos no deberán consignar ninguna cantidad para poder tomar parte en la subasta. 

El problema surge cuando en esa primera y única subasta se declara desierta por falta de licitadores. Una solución es la convocatoria de una nueva subasta cuando alguna de las partes lo solicite, modificando las condiciones de su celebración y en la que, tanto en el supuesto de concurrencia de licitadores extraños como en el de su ausencia, cada parte, pudiera presentar posturas, con adjudicación final a la de mayor cuantía. Y otra segunda, sería acudir a uno de los medios de realización que previene la ley ( en concreto los arts. 640 y 641 LEC).

Sin embargo esta segunda solución supone dos problemas: la petición del demandante, que siempre postula la venta en pública subasta y el principio dispositivo, que choca contra cualquier intento del Juzgado de acudir a un medio alternativo de venta.

Concretamente de este problema se ha ocupado la STC 182/2011, de 21 de noviembre (BOE núm. 306, de 21 de diciembre de 2011) que declaró la nulidad de auto de adjudicación dictado en la ejecución de la división de una cosa común por la “irrazonabilidad de la decisión adoptada”. En este asunto se ejecutaba una Sentencia dictada en proceso de medidas matrimoniales que contenía un apartado en relación a un bien común, la vivienda y concretamente disponía lo siguiente: “la vivienda común podrá ser usada y disfrutada por la menor en compañía de la madre hasta que en ejecución de sentencia proceda su adjudicación a uno de los progenitores o en todo caso su venta a un tercero o en pública subasta conforme a lo establecido en el fundamento jurídico segundo de esta resolución”. 

Esto es, bastaría el despacho de ejecución y un trámite de audiencia sobre dos extremos: la unión de los dictámenes periciales que hubieran podido presentarse en el proceso declarativo para evitar el sobrecoste de una nueva valoración y la forma de realización (convenio o realización por persona o entidad especializada). Pactados el precio y el medio de venta sería bastante el dictado de un Decreto que recogiera el acuerdo. No confunda el lector este Decreto con la homologación de un acuerdo. No hay un acuerdo sobre el litigio, sino sobre la forma de ejecutar la sentencia. 

Esta doctrina o postura que manifiesta la Sentencia del Tribunal Constitucional, si bien referida a un proceso matrimonial y no a uno de jurisdicción voluntaria como es la división de la herencia indicaba los siguiente:

-Si el bien inmueble no se subasta porque no se realizan posturas, existen otras formas reguladas en la ley (venta privada, intervención de entidad especializada: arts. 640 y 641) para su realización forzosa, que pueden ser exploradas por las partes y sugeridas por el ejecutante. Más aún, que la Ley de enjuiciamiento civil prevea que en la subasta un bien inmueble, a falta de posturas suficientes no se le deba causar más perjuicios al acreedor, permitiéndole la adjudicación del bien por una cantidad igual o superior al cincuenta por ciento (50 por 100) del valor de tasación o por lo que se le “deba por todos los conceptos” (art. 671 LEC), es una medida que se justifica, precisamente, en la óptica de un proceso seguido para el cumplimiento de una obligación que un sujeto tiene contraída frente a otro. Sólo por eso puede entenderse el sacrificio que entraña una sensible desvalorización del bien mediante esa adjudicación, último remedio para no seguir prolongando una espera que sólo uno de ellos sufre, por responsabilidad del otro. Y eso no ocurre en las divisiones de la cosa común.  Problema, como hemos dicho antes y es otro pero a los que defienden esta postura, es que en la ejecución de la división de una cosa común, como un bien heredado, las partes como hemos dicho son a la vez acreedores y deudores.

-La invocación al carácter rogado de la ejecución civil, esto es que el juez solo da lo que el ejecutante solicita expresamente, no es en principio una justificación, pues aunque éste impera en la apertura del procedimiento, de ello no se deriva en modo alguno el otorgamiento de un estatus preferente para el interesado que la insta. Lo que corrobora que no es extrapolable como hemos dicho antes.


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